La desafectación del dominio público de una fracción de terreno en el que catastralmente se había proyectado una calle, entre las comunas de El Manantial y San Pablo, continúa generando debate. El Ministerio del Interior remitió a la Legislatura dos expedientes por el proyecto de ley que se sancionó en la última sesión: liberar la superficie para poder avanzar con un desarrollo inmobiliario privado y, como contraprestación, la firma se compromete a donar tierras para que unas 80 familias regularicen su situación dominial. Y aunque se detectaron observaciones técnicas en la iniciativa aprobada, se señaló que es necesario avanzar con las gestiones dado que habrá una contribución para familias de la zona que residen de modo irregular.

El martes ingresó por mesa de entradas una nota del ministro del Interior, Darío Monteros, dirigida al vicegobernador, Miguel Acevedo, con los expedientes por las desafectaciones que impulsó el oficialismo y se aprobaron por mayoría, con modificaciones en el dictamen. Allí se compaginaron los pasos administrativos, técnicos y jurídicos que se dieron a partir de la sanción y por pedido de los comisionados rurales María Elena Serrano (El Manantial) y Miguel Ángel González (San Pablo). Entre ellos se destaca la opinión de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, a cargo de Pablo Romano Posse.

Desafectación de una calle entre San Pablo y El Manantial: seis claves de un caso polémico

En dos dictámenes, el letrado plasmó diferentes cuestionamientos a la iniciativa que se sancionó. Señaló, por ejemplo, que hubo una incorrecta identificación de los bienes a desafectar. Mencionó que en el proyecto se describe al objeto como una fracción de inmueble, cuando en realidad se trataría de una calle de dominio público. Según el informe técnico, esa caracterización jurídica es errónea y genera inconsistencias en la descripción del bien.

Información insuficiente

La Dirección también advirtió errores en la referencia al padrón, la matrícula registral y otros datos catastrales. Además, señaló que el camino mencionado no forma parte de la mensura consignada en el plano citado, lo que dificulta su correcta identificación. A su vez, cuestionó que el proyecto no delimite con exactitud qué tramo pierde su condición de dominio público. “El proyecto de ley debe establecer taxativamente qué tramo del camino pierde su condición de dominio público para integrarse en el dominio privado del Estado”, se remarcó.

En los dictámenes se sostuvo que la ley debería especificar cómo se incorporará el sector al dominio privado del Estado y, en caso de transferencia a terceros, establecer expresamente la modalidad jurídica de esa operación. También se advirtió que es insuficiente la fundamentación de la pérdida de utilidad pública de la calle: se señaló que no se acreditó adecuadamente por qué el camino habría dejado de cumplir la función pública que justificó su afectación. En ese sentido, se remarcó que la desafectación exige demostrar la inexistencia de necesidades de tránsito o conectividad.

Polémica por la desafectación de una calle pública para un country en El Manantial

Los informes advirtieron que no se analizaron posibles perjuicios para propietarios colindantes ni para la comunidad. Por lo tanto, se expuso que es necesario que se acredite que la medida no afectará derechos constitucionales vinculados al acceso y la circulación. También se señaló que se debe justificar qué concreta obtendrá la comunidad con la desafectación de un bien público (como una calle, en este caso), y se plasmó que una desafectación de estas características requiere que exista un interés público que compense la pérdida del uso colectivo.

Avanzar, pese a todo

Sin embargo y pese a las observaciones, la Dirección Jurídica no rechazó de plano la iniciativa; por el contrario. Consideró que se debe avanzar en su tratamiento debido a que la firma Citrusvil hará donaciones de inmuebles a las comunas para contribuir al desarrollo comunitario tendiente al ordenamiento territorial de las familias residentes, compensando así el interés público involucrado.

Fuentes parlamentarias deslizaron a LA GACETA que el Poder Ejecutivo (PE) tendría previsto promulgar la iniciativa (hasta ayer no se había publicado en el Boletín Oficial), y que, en la brevedad, se realizarían las modificaciones señaladas por la asesoría letrada.

“Futuro hipotecado”

El legislador Manuel Courel, quien se opuso tajantemente a la desafectación de la calle que se proyectó perpendicular a la avenida Vicente Lucci y solicitó al gobernador Osvaldo Jaldo que no promulgue la norma. “Todavía está a tiempo de evitar un error que hipotecará el futuro de una de las zonas de mayor crecimiento de Tucumán. Cerrar este camino significa condenar a miles de vecinos a vivir en ciudades más congestionadas, menos conectadas y sin planificación”, expresó.

El yerbabuenense mencionó que el Estado “no puede actuar como escribanía de los hechos consumados ni borrar una calle pública que hoy sirve a una escuela” a la que asisten 166 alumnos. Advirtió que a futuro será una arteria estratégica para toda el área metropolitana. “Gobernar también es pensar en las próximas décadas. Jaldo: escuche y revea”, instó.

El camino en cuestión se encuentra inmerso en una zona que conforma el conjunto más grande de barrios privados de Tucumán: unas 280 hectáreas desarrolladas sobre una calle que comunica la ruta 301 (la vieja 38, camino a Lules) con la ruta 338 (continuación de la avenida Solano Vera).